Por Laura Flores y Karen Sophie Krag
Cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó en junio de 2026 una nueva ley para proteger al sector agroindustrial, esta fue presentada como una medida para fortalecer la seguridad jurídica y proteger las inversiones.
Sin embargo, la ley también ha generado preocupación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) advierte que podría tener implicaciones para comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes que trabajan por el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los territorios.
La agroindustria recibe protección especial
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras declara a la agroindustria como una actividad de interés, prioridad y protección nacional.
La ley otorga protección especial a las tierras destinadas a la producción agroindustrial, así como a las inversiones, la infraestructura y el transporte de productos agroindustriales.
Asimismo, establece que las tierras utilizadas para actividades agroindustriales y cuya propiedad esté legalmente definida e inscrita no podrán ser afectadas por procesos de reforma agraria, entre otras disposiciones.
Según quienes impulsan la ley, su objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y proteger el empleo, las inversiones y la producción de alimentos en un país donde los conflictos relacionados con la tierra han afectado durante años al sector agrícola.
La OACNUDH expresa preocupación
Poco después de su aprobación, la OACNUDH expresó preocupación por las posibles consecuencias de la ley.
Según la OACNUDH, la normativa podría:
“contribuir a profundizar la criminalización de los conflictos sociales, las reivindicaciones colectivas, las protestas y huelgas vinculadas a demandas de reconocimiento de derechos sobre la tierra y el territorio”.
La OACNUDH también instó al Estado hondureño a garantizar que la legislación sea compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y a priorizar el diálogo en el abordaje de los conflictos relacionados con la tierra y los territorios.
Más allá del sector agroindustrial, la preocupación también se centra en cómo la implementación de la ley podría afectar conflictos relacionados con la tierra, la infraestructura y otros proyectos que inciden en territorios indígenas y afrodescendientes.
¿Por qué el debate gira en torno a los territorios?
En Honduras, los conflictos por la tierra suelen involucrar mucho más que la propiedad.
También están relacionados con los territorios, los recursos naturales y el derecho a la libre determinación.
Para muchas comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, los territorios están estrechamente vinculados a la cultura, la identidad, los medios de vida y la gestión de los bosques, ríos y otros recursos naturales.
Por ello, el debate no se limita a la propiedad de la tierra. También plantea preguntas sobre quién tiene influencia en la gestión de los territorios y los recursos naturales.
¿Qué significa esto para los territorios?
Muchas de las zonas boscosas más importantes de Honduras se encuentran dentro o cerca de territorios donde comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes gestionan recursos naturales y trabajan para proteger bosques, ríos y biodiversidad.
En muchos de estos territorios, los conflictos relacionados con la tierra y el territorio siguen siendo uno de los principales desafíos para las comunidades y la conservación de los ecosistemas.
En territorios como La Moskitia, distintas organizaciones han expresado preocupación por las posibles implicaciones que la implementación de esta ley podría tener para conflictos relacionados con la tierra y proyectos de infraestructura.
Todavía es pronto para saber cómo se aplicará la ley en la práctica. Sin embargo, ya ha abierto un debate sobre cómo Honduras puede equilibrar la inversión, la protección de los recursos naturales y los derechos territoriales.
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