Imagina despertar con la noticia de que tu hogar o tus tierras ya no te pertenecen, sino al Estado, y que ahora los militares deciden quién puede quedarse y quién debe irse.
Esta es la realidad para miles de familias en las zonas fronterizas de Nicaragua tras la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Territorio Fronterizo (Ley N° 1258) en agosto. Dicha ley declara como propiedad estatal una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras del país.
No sólo las minorías
Los pueblos indígenas y afrodescendientes se ven gravemente afectados: comunidades locales, desde los mayangna y los miskito en el norte, hasta los rama y kriol en el sur, corren el riesgo de perder sus territorios.
Pero las consecuencias van más allá de estos pueblos. En las zonas fronterizas con Costa Rica, los principales afectados son mayoritariamente familias mestizas, pequeños agricultores y terratenientes que han cultivado sus tierras bajo derechos de propiedad privada durante generaciones.
“No se trata sólo de los pueblos indígenas, sino de todos los que viven de la tierra. Ya nadie sabe si la tierra que pisan seguirá siendo suya mañana.”
~ Fuente que prefirió permanecer anónima por motivos de seguridad.
Control político disfrazado de seguridad
La ley fronteriza está siendo presentada como una cuestión de “seguridad y soberanía”. El artículo 2 (Ley N°. 1258, §2) establece:
“Para salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacional, la integridad territorial, la Independencia del País y la Paz, el Territorio Fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense.”
Pero en Nicaragua, la mayoría de la gente sabe lo que significa cuando el régimen habla de salvaguardar la seguridad nacional.
Tras las protestas de 2018, se confiscaron medios de comunicación, tierras e instituciones educativas. Desde entonces, más de 3,500 ONGs y organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas, y la prensa independiente trabaja en el exilio.
El año pasado, Nicaragua también se retiró de la UNESCO y la FAO, dos de las principales agencias de cooperación de la ONU para la cultura, la educación y la gestión de la naturaleza. Esto es una muestra clara del aislamiento del país.
“El régimen habla de paz y seguridad, pero en realidad está colonizando nuestros territorios, destruyendo nuestras instituciones y otorgando concesiones sin consulta. Es un ataque contra nuestros derechos y nuestro sustento.”
~ Declaración de los pueblos indígenas.
Detrás de la excusa de la seguridad se esconde una agenda económica. La minería es ahora una de las principales fuentes de ingresos del régimen y está creciendo rápidamente. Según el Banco Central de Nicaragua, las exportaciones mineras del país alcanzaron los 1,390 millones de dólares en 2024, un incremento de más del 20% respecto al año anterior.
Las leyes se convierten en una herramienta de poder
Cuando las personas pierden sus derechos sobre la tierra, la naturaleza pierde su protección y se reduce a un recurso comercializable.
Unos meses antes de la aprobación de la ley de fronteras, el parlamento introdujo una nueva ley ambiental sobre “áreas de protección ambiental y desarrollo sostenible” (Ley N°. 1248). En teoría, esta ley busca fortalecer la gestión de la naturaleza, pero en la práctica otorga al régimen plenos poderes sobre la gestión de los recursos naturales del país. La ley centraliza las decisiones y flexibiliza la extracción y la actividad industrial en áreas que antes estaban protegidas.
La nueva ley ambiental de abril de 2025, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, eliminó las restricciones previas a la extracción industrial en áreas naturales protegidas, mientras que la ley de fronteras de agosto de 2025, Ley de Territorio Fronterizo, abolió la protección de territorios que antes estaban garantizados tanto por la Constitución como por acuerdos internacionales.
En conjunto, ambas leyes otorgan al régimen el control sobre quién puede residir en la tierra y para qué puede utilizarse. Forman parte de una tendencia más amplia en la que la legislación ambiental y fronteriza se ha reescrito sistemáticamente para proteger al régimen por encima de las y los ciudadanos y la naturaleza.
Las primeras consecuencias no tardaron en manifestarse.
La ley que legaliza lo ilegal
A finales de agosto de 2025, el régimen otorgó tres grandes concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal S.A. Las concesiones se ubican a lo largo de la frontera con Costa Rica e incluyen partes de la reserva biológica protegida Indio Maíz, el territorio del pueblo Rama-Kriol y la reserva de vida silvestre Río San Juan. En total, se liberaron más de 108.000 hectáreas para la extracción en áreas que deberían haber permanecido intactas.
De hecho, las concesiones no sólo otorgan a las empresas el derecho a extraer, sino también a explorar nuevos yacimientos y construir plantas de procesamiento para materias primas metálicas y no metálicas.
En resumen: las reservas naturales pueden transformarse en zonas industriales.
La concesión de la licencia a Thomas Metal S.A. es un claro ejemplo de cómo la legislación medioambiental y fronteriza se está utilizando ahora para abrir la puerta a la minería en zonas que antes estaban protegidas.
“Nos enfrentamos a un patrón de criminalización y violencia impulsado por el régimen dictatorial. Afecta no sólo a los pueblos indígenas, sino a todos los que viven en las zonas fronterizas.”
~ Fuente que prefirió permanecer anónima por motivos de seguridad.
Cuando el régimen reescribe la ley, también reescribe el paisaje. Lo que comienza como política en la Asamblea Nacional termina en bosques quemados y pueblos desiertos.
El corazón verde de Centroamérica
Nicaragua es un punto clave tanto por su clima como por su biodiversidad. El país alberga extensos ecosistemas de selva tropical, ríos y humedales que conectan los continentes de Norte y Sudamérica, y que sirven de hogar a miles de especies.
Pero la naturaleza está sometida a una presión enorme. Según el Instituto de los Recursos Mundial (World Resources Institute), Nicaragua perdió el 4.7% de su selva tropical primaria en 2024: la tasa más alta del mundo.
Las zonas más vulnerables se encuentran en las regiones fronterizas, donde los derechos se han debilitado y donde la propiedad estatal se está abriendo a la extracción y a la industria.
“Cuando nos quitan nuestros derechos, también nos quitan la protección que hemos brindado a los bosques durante generaciones. Nosotros vemos vida, pero el régimen ve recursos.”
~ Fuente que prefirió permanecer anónima por motivos de seguridad.
Los derechos son la clave para el clima y la biodiversidad
Cada vez es más evidente que las luchas por los derechos humanos y los bosques están intrínsecamente ligadas. Cuando las personas pierden el derecho a proteger sus territorios, el mundo también pierde una de sus líneas de defensa más importantes contra la crisis climática.
Experiencias de todo el mundo demuestran que los territorios de los pueblos indígenas suelen estar mejor protegidos ante la deforestación. Cuando se vulneran sus derechos, se abre la puerta a la tala ilegal, las empresas mineras y la ganadería, principales impulsoras de la deforestación en Nicaragua.
Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y mestizas siguen documentando abusos, denunciando la destrucción ambiental y exigiendo el derecho a sus tierras. Es su valentía la que mantiene los bosques en pie.
“Nuestra herencia es la lucha por la libertad, la autodeterminación y los derechos.”
~ Declaración de los pueblos indígenas.
Este artículo se basa en entrevistas anónimas y documentación de organizaciones ambientales independientes. Por motivos de seguridad, no se mencionan fuentes personales por su nombre.
Fuentes generales
- Banco Central de Nicaragua, Comercio Exterior, 4to. trimestre 2024
- Nueva ley fronteriza, agosto 2025: Ley N°. 1258, Ley de Territorio Fronterizo de Nicaragua
- Nueva ley ambiental, abril 2025: Ley N°. 1248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible
- ILO-Convención n.169 / Convenio 169 de la OIT; Declaración de la ONU Derechos Pueblos Indígenas
- World Resources Institute, “Fires Drove Record-breaking Tropical Forest Loss in 2024”, maj 2025